La movilidad urbana sustentable es una necesidad que tenemos todos los ciudadanos del mundo y su aplicación en ciudades chicas y grandes es apremiante; por eso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales, urgen a los países para que apliquen diversas pautas y políticas públicas que garanticen un avance en su desarrollo.
Se le define como un proceso de planeación para mejorar las vías de desplazamiento en una ciudad en tiempos y distancias menores, que pueda satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el futuro de nuestros hijos y nietos, por lo que debe tomar en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales para ello.
Los ciudadanos deben desplazarse por la ciudad para acceder a ella, sus servicios y comodidades, así que a la necesidad o el deseo de moverse de los ciudadanos, se le llama movilidad urbana y es un derecho social que es necesario preservar y garantizar de forma adecuada.
Una planeación urbana sustentable facilita el tránsito hacia medios de transporte limpios que no utilicen, o utilicen la menor cantidad posible de combustibles fósiles, pues constituyen la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Además, atiende los problemas de contaminación visual y auditiva, así como los de estrés y salud física al incrementar los espacios abiertos de recreación y áreas verdes.
La supremacía de los automóviles ante otros medios de transporte y la continua expansión urbana, que aleja cada vez más las zonas residenciales de los centros de trabajo, educación, ocio, etc., el ejercicio de este derecho escasea y genera sufrimiento en las ciudades, así como conflictos y desigualdades sociales.
El ruido, la contaminación, las enfermedades asociadas con los contaminantes del aire, el estrés y el gasto innecesario de energéticos dificultan el movimiento de los ciudadanos, en particular de los que no poseen un vehículo y deben utilizar otros medios de transporte.
Se deben incluir políticas públicas, legislación y planeación para incentivar que la gente camine, use bicicleta o utilice el transporte público; además, se debe garantizar la seguridad de los peatones y ciclistas para evitar accidentes y dar prioridad a los espacios verdes al interior de las ciudades.
El transporte público debe utilizar energías limpias y debe ser accesible para todos: eficiente, de amplia cobertura y a un costo accesible; su uso debe promoverse además, con medidas como la reducción de subsidios para la gasolina.
Las administraciones deben implementar planeación y políticas públicas que regulen diferentes áreas y establecer limitaciones o condiciones al número de automóviles en circulación; también aplican medidas como impuestos a combustibles fósiles o incentivos fiscales para quienes utilizan medios de transporte limpios.
A los ciudadanos nos corresponde el cambio de hábitos de movilidad, pues el conjunto de las decisiones individuales nos afectan a todos cotidianamente; además, se debe tomar conciencia de esta problemática y acostumbrar un uso más racional y eficiente del vehículo privado, así como el uso de alternativas reales, sostenibles y eficaces.